Uno de los eventos que han caracterizado los disturbios en la provincia de Cataluña, además de la condena judicial en contra de los líderes independentistas, fue también el rechazo del gobierno español ante el pedido de negociación por parte del presidente de Cataluña. Esta petición consistió esencialmente en llegar a un acuerdo proindependentista de esta provincia que, durante los últimos 100 años ha intentado separarse de España por tener elementos culturales necesarios para ser una nación.
El gobierno español consideró la negociación como un acto egoísta
El gobierno español se negó expresamente a establecer negociaciones con el presidente catalán y el movimiento independentista en general por considerar que su objetivo no lleva la voluntad de todos los habitantes catalanes y mucho menos de todos los que componen actualmente el gobierno provincial de Cataluña.
Con ello, el gobierno español sugiere que se trata de un intento ilegítimo e ilegal de independencia, por lo que no consideran que no podría establecerse un diálogo diplomático efectivo. A su vez, reprochan el resultado del movimiento que ha afectado negativamente la convivencia general de la región y que sus habitantes tienen derecho a vivir y transitar sin miedo ni intranquilidad.
El fallo judicial ha provocado al menos 1,5 millones de euros en pérdidas
El fallo judicial condena a 9 líderes políticos a trece años de cárcel por delitos relacionados con su movimiento independentista, lo cual desencadenó manifestaciones violentas como forma de rechazo civil ante este juicio. Esta condena también implica la prohibición para ejercer cargos públicos después del periodo de cárcel por la misma cantidad de tiempo.
Los disturbios causaron el retraso de cientos de vuelos comerciales y generaron incendios de flora alrededor de las zonas de disturbio. A eso se le suman incendio de al menos 700 contenedores de basura, detrimentos importantes en el pavimento y en elementos de tránsito como semáforos, sumando unos 1,5 millones de euros en daños y la suspensión forzada de la actividad comercial de las zonas circundantes.